La LEY DE DEPENDENCIA es sin duda un gran avance en lo que a medidas sociales se refiere, una ley concebida para paliar el drama humano que se vive en muchos hogares españoles, unos 200.000 casos, donde residen grandes dependientes y en los que la ayuda es esencial para poder vivir una vida digna, una vida envuelta de cierta normalidad, la normalidad que se pueda alcanzar dentro de una vida a la que sus condicionantes le dan el tono distintivo.
Y todo ésto bajo el marco económico actual que a muchos asfixia y a otros preocupa. Siendo esto así, el sólo imaginar el drama humano de estas familias hace que las adversidades provocadas por las turbulencias económicas en cualquier familia media parezca un simple contratiempo.
A pesar de que el pasado 24 de mayo del 2008, el Gobierno lanzó un ultimátum por el descontrol existente sobre la aplicación de la Ley exigiendo un mayor control sobre las ayudas que confiere a las comunidades autónomas amenazando con cortar los fondos hasta que se pongan los datos en orden, para ello ha dado un plazo de seis meses para que aclaren qué tipo de ayudas están recibiendo los ciudadanos registrados y los que se registrarán en el ordenador central del sistema de independencia.
El dato es que cerca del 80 % de las personas con dependencia, en su mayoría ancianos, no aparecen especificadas y no se sabe si la ayuda es a un cuidador familiar o a un geriátrico. Hay comunidades que no han conferido ni una sola ayuda como Madrid o Castilla-León y Murcia o Galicia que no tienen especificada o apenas unas cuantas.
Por ello, desde el PSRM-PSOE, la compañera y Diputada Lola Hernández denuncia que dos años después de aprobarse la Ley de Dependencia, el Gobierno regional aún no ha sido capaz de desarrollarla. Todo ello debido a la falta de voluntad política del Gobierno del PP para llevarla a cabo y subrayó que “mientras el resto de las comunidades autónomas están perfeccionando su aplicación, en la Región todavía estamos arrancando”.
Con estos datos comparativos, lo único que nos queda preguntarnos es por qué los murcianos tienen peor trato que el resto de Comunidades en el cumplimiento de una ley que es para todos igual y por qué este empeño en no desarrollar este sistema de prestaciones. Otra de las preguntas que formula es cuánto dinero se gasta el Gobierno regional en desarrollar esta norma ni cuántas personas están recibiendo prestaciones.
Lo que sí sabemos es lo que se gasta el Estado. Y en 2008, se gastó cerca de 22 millones de euros. Los datos por los que paga el INSERSO, es decir, en la nómina del mínimo garantizado aparecen registrados 14.588 beneficiarios. Sin embargo, en la web de la Comunidad no aparecen estos datos.
Lamentablemente compañeros, los murcianos y murcianas esperamos más de ocho meses para recibir una respuesta de la Consejería de Política Social, para que les hagan las valoraciones. Además se esperar otros tantos meses para que les resuelvan las prestaciones, en el caso de que resuelvan.
Las peticiones de documentación por segunda y tercera vez son muy numerosas. La falta de información sobre la tramitación de los expedientes es una realidad, las personas llaman reiteradamente a la CARM sin obtener respuesta, desde los Centros de Servicios Sociales tampoco pueden obtener información porque no se la dan. Dan información contradictoria, cambian criterios a su antojo y para colmo dejan de pagar cuando se les antoja. Y los ciudadanos saben que es así porque lo viven cada día.
El PSRM-PSOE, ha colgado en su pagina web un apartado exclusivamente dedicado a AYUDAR A TODOS LOS MURCIANOS Y MURCIANAS para que sus reclamaciones sean tramitadas y oidas sin estar a la espera de contestaciones que nunca llegan, y que cuando lo hacen es tarde, mal o nunca.
Desde el PSOE-LORQUÍ nos sumamos a dicha iniciativa, y os invitamos a que os dirijais a nuestra Sede para ayudar a que LA DEPENDENCIA de la INDEPENDENCIA sea real, y lo sea PARA LOS MURCIANOS, IGUAL QUE PARA LOS ANDALUCES, CASTELLANOS...
Y todo ésto bajo el marco económico actual que a muchos asfixia y a otros preocupa. Siendo esto así, el sólo imaginar el drama humano de estas familias hace que las adversidades provocadas por las turbulencias económicas en cualquier familia media parezca un simple contratiempo.
A pesar de que el pasado 24 de mayo del 2008, el Gobierno lanzó un ultimátum por el descontrol existente sobre la aplicación de la Ley exigiendo un mayor control sobre las ayudas que confiere a las comunidades autónomas amenazando con cortar los fondos hasta que se pongan los datos en orden, para ello ha dado un plazo de seis meses para que aclaren qué tipo de ayudas están recibiendo los ciudadanos registrados y los que se registrarán en el ordenador central del sistema de independencia.
El dato es que cerca del 80 % de las personas con dependencia, en su mayoría ancianos, no aparecen especificadas y no se sabe si la ayuda es a un cuidador familiar o a un geriátrico. Hay comunidades que no han conferido ni una sola ayuda como Madrid o Castilla-León y Murcia o Galicia que no tienen especificada o apenas unas cuantas.
Por ello, desde el PSRM-PSOE, la compañera y Diputada Lola Hernández denuncia que dos años después de aprobarse la Ley de Dependencia, el Gobierno regional aún no ha sido capaz de desarrollarla. Todo ello debido a la falta de voluntad política del Gobierno del PP para llevarla a cabo y subrayó que “mientras el resto de las comunidades autónomas están perfeccionando su aplicación, en la Región todavía estamos arrancando”.
Con estos datos comparativos, lo único que nos queda preguntarnos es por qué los murcianos tienen peor trato que el resto de Comunidades en el cumplimiento de una ley que es para todos igual y por qué este empeño en no desarrollar este sistema de prestaciones. Otra de las preguntas que formula es cuánto dinero se gasta el Gobierno regional en desarrollar esta norma ni cuántas personas están recibiendo prestaciones.
Lo que sí sabemos es lo que se gasta el Estado. Y en 2008, se gastó cerca de 22 millones de euros. Los datos por los que paga el INSERSO, es decir, en la nómina del mínimo garantizado aparecen registrados 14.588 beneficiarios. Sin embargo, en la web de la Comunidad no aparecen estos datos.
Lamentablemente compañeros, los murcianos y murcianas esperamos más de ocho meses para recibir una respuesta de la Consejería de Política Social, para que les hagan las valoraciones. Además se esperar otros tantos meses para que les resuelvan las prestaciones, en el caso de que resuelvan.
Las peticiones de documentación por segunda y tercera vez son muy numerosas. La falta de información sobre la tramitación de los expedientes es una realidad, las personas llaman reiteradamente a la CARM sin obtener respuesta, desde los Centros de Servicios Sociales tampoco pueden obtener información porque no se la dan. Dan información contradictoria, cambian criterios a su antojo y para colmo dejan de pagar cuando se les antoja. Y los ciudadanos saben que es así porque lo viven cada día.
El PSRM-PSOE, ha colgado en su pagina web un apartado exclusivamente dedicado a AYUDAR A TODOS LOS MURCIANOS Y MURCIANAS para que sus reclamaciones sean tramitadas y oidas sin estar a la espera de contestaciones que nunca llegan, y que cuando lo hacen es tarde, mal o nunca.
Desde el PSOE-LORQUÍ nos sumamos a dicha iniciativa, y os invitamos a que os dirijais a nuestra Sede para ayudar a que LA DEPENDENCIA de la INDEPENDENCIA sea real, y lo sea PARA LOS MURCIANOS, IGUAL QUE PARA LOS ANDALUCES, CASTELLANOS...
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