miércoles, 25 de febrero de 2009

DEPENDENCIA para la INDEPENDENCIA

La LEY DE DEPENDENCIA es sin duda un gran avance en lo que a medidas sociales se refiere, una ley concebida para paliar el drama humano que se vive en muchos hogares españoles, unos 200.000 casos, donde residen grandes dependientes y en los que la ayuda es esencial para poder vivir una vida digna, una vida envuelta de cierta normalidad, la normalidad que se pueda alcanzar dentro de una vida a la que sus condicionantes le dan el tono distintivo.

Y todo ésto bajo el marco económico actual que a muchos asfixia y a otros preocupa. Siendo esto así, el sólo imaginar el drama humano de estas familias hace que las adversidades provocadas por las turbulencias económicas en cualquier familia media parezca un simple contratiempo.

A pesar de que el pasado 24 de mayo del 2008, el Gobierno lanzó un ultimátum por el descontrol existente sobre la aplicación de la Ley exigiendo un mayor control sobre las ayudas que confiere a las comunidades autónomas amenazando con cortar los fondos hasta que se pongan los datos en orden, para ello ha dado un plazo de seis meses para que aclaren qué tipo de ayudas están recibiendo los ciudadanos registrados y los que se registrarán en el ordenador central del sistema de independencia.

El dato es que cerca del 80 % de las personas con dependencia, en su mayoría ancianos, no aparecen especificadas y no se sabe si la ayuda es a un cuidador familiar o a un geriátrico. Hay comunidades que no han conferido ni una sola ayuda como Madrid o Castilla-León y Murcia o Galicia que no tienen especificada o apenas unas cuantas.

Por ello, desde el PSRM-PSOE, la compañera y Diputada Lola Hernández denuncia que dos años después de aprobarse la Ley de Dependencia, el Gobierno regional aún no ha sido capaz de desarrollarla. Todo ello debido a la falta de voluntad política del Gobierno del PP para llevarla a cabo y subrayó que “mientras el resto de las comunidades autónomas están perfeccionando su aplicación, en la Región todavía estamos arrancando”.

Con estos datos comparativos, lo único que nos queda preguntarnos es por qué los murcianos tienen peor trato que el resto de Comunidades en el cumplimiento de una ley que es para todos igual y por qué este empeño en no desarrollar este sistema de prestaciones. Otra de las preguntas que formula es cuánto dinero se gasta el Gobierno regional en desarrollar esta norma ni cuántas personas están recibiendo prestaciones.

Lo que sí sabemos es lo que se gasta el Estado. Y en 2008, se gastó cerca de 22 millones de euros. Los datos por los que paga el INSERSO, es decir, en la nómina del mínimo garantizado aparecen registrados 14.588 beneficiarios. Sin embargo, en la web de la Comunidad no aparecen estos datos.

Lamentablemente compañeros, los murcianos y murcianas esperamos más de ocho meses para recibir una respuesta de la Consejería de Política Social, para que les hagan las valoraciones. Además se esperar otros tantos meses para que les resuelvan las prestaciones, en el caso de que resuelvan.

Las peticiones de documentación por segunda y tercera vez son muy numerosas. La falta de información sobre la tramitación de los expedientes es una realidad, las personas llaman reiteradamente a la CARM sin obtener respuesta, desde los Centros de Servicios Sociales tampoco pueden obtener información porque no se la dan. Dan información contradictoria, cambian criterios a su antojo y para colmo dejan de pagar cuando se les antoja. Y los ciudadanos saben que es así porque lo viven cada día.

El PSRM-PSOE, ha colgado en su pagina web un apartado exclusivamente dedicado a AYUDAR A TODOS LOS MURCIANOS Y MURCIANAS para que sus reclamaciones sean tramitadas y oidas sin estar a la espera de contestaciones que nunca llegan, y que cuando lo hacen es tarde, mal o nunca.

Desde el PSOE-LORQUÍ nos sumamos a dicha iniciativa, y os invitamos a que os dirijais a nuestra Sede para ayudar a que LA DEPENDENCIA de la INDEPENDENCIA sea real, y lo sea PARA LOS MURCIANOS, IGUAL QUE PARA LOS ANDALUCES, CASTELLANOS...

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martes, 17 de febrero de 2009

Las cacerías del PP (o 'cómo ser víctima de tu propia escopeta')

"A Arturo se le han dado entre 200.000 y 300.000 euros... no sólo cobró dinero, también le invitamos a varias cacerías en las fincas ‘La Parrilla’ (Toledo) y ‘Los Berrocales’ (Ciudad Real) [...] las comidas, los cartuchos, los hoteles… absolutamente todo pagado por la constructora, hasta las putas”

Es la denuncia de David Merino, ex director general de Dico-DHO, una constructora en suspensión de pagos tras una época boyante. Merino da detalles de los supuestos pagos al actual número tres de Aguirre, y apunta también a una serie de primeros ediles de municipios del noroeste de Madrid, una lista que incluye a los defenestrados Arturo González Panero (Boadilla) y Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda y ex gerente del Mercado de Puerta de Toledo) y a populares que aún no han sido imputados como Narciso de Foxá, actual alcalde de Majadahonda, y Ricardo Romero de Tejada, su antecesor en ese consistorio.

“Pagábamos en todos los sitios donde construíamos. Hemos actuado en Las Rozas, Majadahonda, Boadilla, Coslada, San Fernando de Henares, Villanueva del Pardillo… y muchísimo en Valdemoro cuando era alcalde Granados”, explica David Merino a la revista Interviú, que publica un reportaje sobre la presunta trama corrupta vinculada al PP. Merino trabajó en Dico-DHO entre 1997 y 2007 y su gestión coincidió en parte con la presencia de Granados en la alcaldía de Valdemoro (1999-2003). Tal como cuenta al semanario, él mismo pagó al entonces primer edil de la localidad y a su sucesor, José Miguel Moreno, cantidades que se niega a cifrar –“eso se lo diré al juez o al fiscal”, asegura- en una finca de Ciudad Real.

Las citadas cacerías habrían sido, según el denunciante, una verdadera estrategia de cortejo y corrupción. “Sumando acompañantes y constructores, se podían juntar unas cincuenta personas”, reunidas obedeciendo criterios como cargos y zona –por ejemplo, los alcaldes del PP del noroeste de Madrid, incluyendo a antiguos regidores y a posibles aspirantes-. “Yo he jugado al póquer en una misma partida con Granados y González Panero apostando billetes de 500 euros”.

PS: ¿Mucho más interesantes y divertidas las cacerías que montan los miembros del PP no? Que aprendan Bermejo y Garzón de los "maestros".

PS2: Con razón no he visto aún un billete de 500.

PS3: "No matéis al mensajero...". Y traduzco: no os molestéis en interactuar conmigo en los comentarios de la noticia; ni estoy obligado a contestar ni lo haré. Cada uno que se lo tome como quiera.

viernes, 13 de febrero de 2009

NO CUMPLEN LA LEY "en aras del interés PPúblico" ... ¡¡Y vamos y nos lo creemos!!


Que la Consejería de Educación se ponga rebelde, e incumpla la normativa establecida, no es noticia ni en Murcia ni en las Comunidades PPeperas...

Ahora bien, lo que ya no es de recibo es que lo haga reconociendo que su proceder es ilegal. Esto ya, compañeros, es para (como míinimo) preocuparse. Y si encima le añadimos que no es la primera vez, ya es más alarmante. Y es que, efectivamente, no es la primera vez que la Dirección General de Centros de la Consejería de Educación, Formación y Empleo -"gracias" a sus continuas irregularidades- han sido puestas de manifiesto dichas 'anomalías del sistema' por la Intervención General y el Consejo Jurídico de la Comunidad Autónoma.

La Verdad de Murcia en su pagina virtual cuenta esta noticia que ahora reproducimos:

"Según los informes de estos órganos de control de la Administración regional, la Consejería de Educación permitió en septiembre de 2008 la ocupación por los alumnos y el personal docente de seis centros educativos, algunos de nueva construcción y otros objeto de ampliación, sin haber suscrito antes las actas de recepción de las obras, sin la preceptiva fiscalización previa del acto y sin la comprobación de las obras, «con el consiguiente riesgo», apunta el Consejo Jurídico.

Seis dictámenes consecutivos del Consejo Jurídico, referentes a otros tantos expedientes de obras en centros educativos, coinciden todos ellos en apuntar «las graves irregularidades cometidas» y el «cúmulo de incumplimientos impropio del carácter profesional de la Administración, que no puede ser justificado ni amparado por los titulares de los órganos directivos, a quienes compete salvaguardar el principio de legalidad».

"Interés Publico".

En todos los casos, el procedimiento ilícito era el mismo. Al llegar el inicio del curso y no estar el expediente administrativo de las obras concluido (bien por retrasos en los trabajos o en la tramitación administrativa), se autorizaba la firma de una «denominada acta de ocupación previa», a veces suscrita por el propio director del centro y el contratista, otras por la propia Dirección General de Centros, y se iniciaban las clases.

Semanas después, ya con los alumnos dentro, se daba por finalizada la ejecución del contrato con la suscripción del acta de recepción de las obras.

Según los informes de la Intervención y del Consejo Jurídico, necesarios para que la Consejería pagara las obras, con este comportamiento se vulneraron las leyes de Contratos de las Administraciones Públicas y la de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública regional.

Estas normas establecen que la ocupación de una obra debe ser autorizada por el Consejero, como órgano de contratación, y que previamente a la ocupación es preciso firmar el acta de recepción y comprobar que los trabajos se ajustan al contrato, lo que no se hizo en ninguno de los seis centros.

Lo más curioso son las alegaciones expuestas por la directora general de Centros, María José Jiménez, al informe reprobatorio del interventor: admite que «obviamente» no ha cumplido la ley de Contratos, pero alega que se ocuparon las aulas «en aras del interés público»; en otros casos la directora se excusa para no haber cumplido los trámites legales en «la falta de personal durante el periodo vacacional».

Y ahora me permito una reflexión:

¿Las leyes las hacen sólo para los que pretendemos cumplirlas? ¿Y los señores del PP, son conscientes de que por encima de ellos hay un orden establecido, llamado ordenamiento juridico, que rige sus conductas?

¿Creen que el interés "público" se limita a las prebendas dadas en honor de sus bajadas de pantalones?

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La trama de los consPPiradores (episodio 1)

(Todos el texto está plagado de enlaces; todo lo que no está escrito en negro, es un enlace a un artículo concreto).

El juez Garzón investiga a autoridades del PP de Madrid y Valencia por recibir sobornos y regalos de Francisco Correa, el cabecilla de una trama que amenaza con llevarse por delante la honorabilidad de altas personalidades del principal partido de la oposición. El juez Garzón dice en el auto de prisión que está investigando la identidad de los cargos públicos, funcionarios y autoridades públicas de la Comunidad de Madrid y de Valencia gobernadas por el Partido Popular que aceptaron " las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas" para que este grupo organizado e ilícito se enriqueciera. El asunto es por lo tanto grave, por las acusaciones y por las personalidades implicadas en la trama. Importante el dato que aparece en el sumario: los cohechos y los tráficos de influencias tienen un recorrido de 10 años para atrás.

(Click sobre la foto para ampliar)

Tres diputados madrileños han sido los últimos "untados" por la trama: el presidente de la comisión de investigación sobre el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid Benjamín Martín, Alberto Bosch Tejedor y el ya dimisionario Alberto Lopez Viejo, que además, era el Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Si a esto unimos que la Fiscalía Anticorrupción investiga al número 2 y mano derecha de Esperanza Aguirre, el cuestionado Consejero de Interior Francisco Granados por presunto cohecho tras una denuncia de un ex-directivo de DICO, y que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonzalez aparece en el centro de numerosos negocios bajo influencias cuanto menos sospechosas, entre familiares, cuñados y compañeros interesados, no sería osado afirmar que el gobierno de la Comunidad de Madrid huele a podrido. Diputados, consejeros, personas de confianza aparecen en primera línea y solo con tirar del hilo cuando estamos tan solo en los primeros pasos de una investigación que promete. Si sumamos la trama del espionaje que el PP trata de ahogar con esta polémica, podemos afirmar que el PP madrileño apesta a corrupción. El boicot a documentos imprescindibles para investigar la trama es una clara muestra de que Aguirre ya empieza a temblar en serio. Boadilla, Mahadahonda, La Rozas, son solo la punta del iceberg. Corrupción, espías, asalto al poder valiéndose de "tránsfugas" de última hora. Spielberg haría una buena película con el gobierno liberal madrileño.

Además, la Comunidad Valenciana amenaza con convertirse en el segundo escenario de la trama corrupta. Si a las primeras de cambio sale salpicado el mismísimo presidente Francisco Camps, con regalos de Armani incluidos según algunas grabaciones en poder del juez Garzón, podemos esperar cualquier cosa de lo que la investigación pueda dar de sí, las cosa promete en este otro bastión de poder de los populares. Siempre con permiso del "proclamado" en conversaciones del jefe de la trama Correa como el "hijo puta de Esteban (Gonzalez) Pons", quien el parecer y aunque en ese caso concreto no llegó a desbloquear el Pai, entendía bastante de estas "cosas" pues su mención no parece casual, sino propia de quien mantiene con él trato y familiaridad. Fue el primero en salir a la palestra desbarrando como un elefante en una cacharrería. ¿Se olía algo Esteban? El PP valenciano lleva años bajo sospecha por operaciones urbanísticas de dudosa legalidad, desde los orígenes del Zaplanismo mismo. Ya con Naseiro apuntaban maneras.

Orange Market es el huracán que se puede llevar por delante a honorables diputados de las cortes valencianas: "estamos haciendo la campaña a Camps", con facturas por medio que no aparecen y que el propio presidente se niega a mostrar. ¿Existirán? Amigos del ahora encarcelado Alvaro Perez sí que parecían ser los Camps, Rambla y Costa: la cúpula del Consell y del Partido Popular de la Comunitat Valenciana asistió en marzo del año pasado a la celebración de la boda entre Pérez y ex mamachicho Noemí Ramal. Con Con-fianza que dirían ellos. Que Spielberg se pase después por Valencia. La cosa aquí también es consistente y profunda. La trama llega a tocar ayuntamiento valencianos, alicantinos y de la provincia de Castellón con pelotazos de tamaño considerable. ¿Rozando la escuadra del señor Fabra? Orange Market es un cáncer dentro de la Generalitat. Todavía mantiene contratos sospechosos con RTVV y uno de los implicados es concesionario directo de hasta 13 licencias TDT. Esta empresa que ha organizado todos los actos del PP valenciano, visitas papales y stands de Fitur incluidos estaba tan cerca de los poderes públicos de esta comunidad que su presencia quemaba. Por eso Camps se niega a facilitar información sobre Orange Market. ¿Por qué será?

En Galicia las cosas no funcionaban de manera más transparente. Unos de los encarcelados fue durante años nada más y nada menos que el secretario de organización del PP gallego a las ordenes de Fraga, el señor Pablo Crespo. En Andalucía tampoco sale bien parado el nombre del Partido Popular, para disgusto del señor Arenas. La Audiencia Nacional sacó a la luz hace unos días que una empresa que trabajó para el PP lo hizo a cambio de un supuesto trato de favor. La empresa no justificó a la Cámara de Cuentas los trabajos realizados para el PP en 2004. La empresa Rialgreen, una de las sociedades investigadas por el juez Garzón en la presunta trama de corrupción en ayuntamientos y comunidades gobernadas por populares, cobró al PP 520.491 euros por la campaña de Teófila Martínez para las elecciones autonómicas de 2004. ¿Alguien da más? Incluso en Castilla y León se empieza a meter el dedo en la llaga de la mano de José Luis Ulibarri, otro de los imputados, un hombre con mucha mano y poder en el PP de aquella comunidad.

En medio de todo este lío resuena el nombre de Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar. Según ha informado El Mundo, López Viejo (el dimisionario consejero de Deportes de la Carm) y Agag eran miembros destacados del “clan Becerril”, un grupo de la “beautiful del PP”, mayoritariamente prometedores hombres de negocios que lideraban Nuevas Generaciones y estaban apadrinados supuestamente por el ex presidente José María Aznar. Del mencionado Clan de Becerril y de Nuevas Generaciones del PP viene el íntimo vínculo –y el más destacado de todos- que une a Agag con otro implicado en la trama: Jacobo Gordon. También según El Mundo, Gordon fue compañero de carrera en Empresariales de Alejandro Agag e, igual que Correa, testigo en su boda con Ana Aznar en El Escorial. Algunos medios conservadores incluyo inciden en que en el entorno de José María Aznar existe un temor fundado de que el sumario abierto por el juez Garzón les salpique directamente. La señora de Aznar y concejala en el ayuntamiento de Madrid Ana Botella está tan nerviosa que incluso pide protección mediática a Mariano Rajoy y se queja de que no defienden el honor de los gobiernos de su marido. ¡Ay si estas informaciones con mister "x" incluido las llega a pillar un Paco Alvárez Cascos! Esa suerte tienen los chicos de Rajoy, que delante tienen el talante de Zapatero. Aunque Cascos en este tema, tampoco se escapa por ser el padrino de "la cosa" cuando era secretario general del PP. Sorpresas que da la vida.

Ante semejante panorama es perfectamente entendible el nerviosismo con el que se mueve la dirección del Partido Popular. Y es que incluso el cabecilla de la trama hablaba en conversaciones telefónicas intervenidas en términos tan graves como los siguientes refiriéndose al tesorero del partido de esta manera: "Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día...vamos a sumar, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa." Con paraísos fiscales incluidos, que de tontos no tienen un pelo. Paco Álvarez Cascos y Pedro J. Ramirez, si el implicado fuese el PSOE, ya estarían hablando de "financiación irregular". Pero sin prisa y sin pausa. La trama no ha hecho más que andar. Amenaza con propagarse y con subir para arriba en posteriores fases de la investigación. Tiene toda la lógica. ¿Por qué no aparece en la lista de Garzón imputado el ex-consejero de deportes? López Viejo, como diputado regional, es aforado. Si Garzón le imputa un delito, tendría que renunciar a la investigación y pasar el caso inmediatamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o al Tribunal Supremo, dos juzgados que no cuentan ni con los medios ni con la experiencia de la Audiencia Nacional para llevar un caso así. El método habitual en estos casos -no es la primera vez que sucede- pasa por imputar a los aforados en el último momento, cuando la investigación ya está prácticamente completa. Y a este caso le queda aún mucho recorrido.

Así pues, con una trama que nace y se nutre en las mismas entrañas del partido, a Rajoy, Soraya y compañía solo les queda defenderse atacando a la desesperada. Primero negando la participación de miembros del PP, a las pocas horas desmentida por la implicación e imputaciones del alcalde de Boadilla y el ex-alcalde de Majadahonda. El ridículo de aquellos días pasará a la historia. Las conexiones en la zona norte de Madrid, la zona de influencia del PP madrileño, son enormes. Las Rozas es otro municipio salpicado. Después la señora De Cospedal hizo unas manifestaciones indignas de una profesional de su categoría culpando a la Fiscalía y a la Policía de una cacería contra el PP. Gonzalez Pons incluso llegó a decir que el PSOE buscaba aniquilar al Partido Popular. Acusaciones por las que un cargo política sería procesado en cualquier país de nuestro entorno. La pataleta de las filtraciones para también aclararse.

El Fiscal General del Estado ha aclarado a Cospedal que las filtraciones no salen ni del juzgado ni de la Fiscalía Anticorrupción, su origen está en las partes denunciantes. Conde Pumpido no es Jesús Cardenal, ex Fiscal General nombrado por el gobierno de Aznar, cuya acción sirvió hace unos años para bloquear la investigación del "Tamayazo" . Tampoco es de recibo la pataleta de que solo se actúa contra miembros del PP. En nuestra retina aún tenemos actuaciones contundentes y espectaculares contra alcaldes y ex-alcaldes del PSOE en Ciempozuelos (Madrid), Estepona (Málaga), Los Alcazares (Murcia), Zarra (Valencia) o Bigastro y San Fulgencio (Alicante). Lo que sucede es que al parecer, la corrupción popular es más numerosa y profunda, por la complejidad y el alcance de las tramas. Y que los cargos socialistas detenidos son inmediatamente expulsados del partido, en algunos casos llegan a dimitir por decisión propia. No se echan balones fuera ni se culpa a fiscales o policías. Se asumen responsabilidades.

Condenas a la corrupción las justas, carpetazo por si acaso, que bastante tienen con los dossiers del "Aguirregate". Como última bala, viendo como las acusaciones cristalizaban, y al aparecer en escena una cacería pero esta vez de las reales, en la que coincidieron Garzón y el ministro de Justicia Bermejo, los chicos de Rajoy sacaron pasear la teoría de la conspiración. Sin ninguna prueba, sin nada que sustente las acusaciones. Solo faltaba que el organizador de la cacería fuese un miembro del PP de Jaén que además se atreviese a salir a la palestra para denunciar que su partido "tergiversa" y dice "medias verdades" en este asunto. Un ridículo mayor es poco probable, pero quien sabe. La realidad es que la actuación de Garzón se precipita porque Correa trata de huir a Panamá días atrás. O interviene la Policía o se escapa.

Garzón, que era un héroe nacional y un avatar "pepero" cuando enchironaba cargos socialistas en los años 90, hoy es un ogro por atreverse a investigar el cortijo del PP. Julia Navarro ya lo dijo hace unos días en La Cope, en la mismísima cara de Cristina López Schlichting: "Me encantáis todos. ¡Hay que ver como os ponéis cuando filtran algo del Partido Popular! Durante años han estado filtrando instrucciones del propio Juez Garzón en la época de Felipe González, y yo no he escuchado a nadie protestar. Ya sabemos que para vosotros el PSOE es el demonio con cuernos y rabo. En aquella época la oposición hacía oposición gracias a las filtraciones y a lo que contaban los periódicos todos los días". Más claro no se puede decir. ¿Pero qué decía entonces el PP cuando Garzón actuaba contra el Felipismo?

El secretario general del PP por aquel entonces, Javier Arenas, se refería a los ataques del PSOE a la instrucción de Garzón en estos términos: "El PSOE siempre intenta politizar y cuestionar la independencia de las decisiones judiciales(...)mi partido es profundamente respetuoso con la Justicia y con el Poder Judicial". Mayor Oreja llegó a ir más allá: "No hay nadie que crea que un juez de la Audiencia Nacional actúe al dictado del Gobierno". Se puede decir más alto pero no más claro. En aquellos años el PP disparaba contra todo, aplicando con facilidad generalizaciones y criminalizaciones sin pruebas que las sujetasen en muchos casos, sin ninguna mesura, la misma que piden hoy en día para tratar los trapos sucios de su partido. Los sumarios, las informaciones periodísticas, se usaban hasta la extenuación, todos los días, abriendo portadas en los medios afines y declarando una caza al "socialista".

Alvarez Cascos aseguraba al respecto de algunas informaciones filtradas supuestamente desde el entorno del PSOE cuando se investigaba el GAL que "el gobierno pretende embarrar el campo, descalificar y eludir el descubrimiento de las responsabilidades de los GAL (...) toda España hoy [por ayer] ha conocido que otro secreto de los fondos reservados ya no es secreto, y que desde el Gobierno se levanta el secreto de una parte de los fondos reservados para hacer trajes a la medida que descalifican a personas concretas (...) cuando se hace justicia con la mitad, en lugar de hacer media justicia se está cometiendo una injusticia doble, y hasta que no se conozca la totalidad de las golferías que se han hecho al amparo de los fondos reservados, cualquier levantamiento parcial del velo del secreto es una acción interesada que descalifica a aquellos que las están promoviendo". Recuerden como implicaban directamente al presidente Gonzalez. ¿Qué pasaría si hoy los socialistas implicasen directamente a Aznar o Rajoy?

Federico Trillo, el mismo que hoy pedía la recusación en nombre del PP del juez Garzón respondía en los años en los que todo valía para destrozar la imagen de los socialistas a los intentos de recusación del mismo magistrado que "el rechazo a la recusación del juez Baltasar Garzón debe significar el fin de los ataques y presiones que por otras vías se habían intentado poner en marcha contra el dictado del magistrado (..) el principio rector de los actos de las partes en este proceso debe ser el respeto al juez y la utilización de cualquier vía legal para defenderse, pero no presiones con declaraciones o teorías conspirativas que no hacen al caso, y que sí que producen alarma social". ¿Cómo decía el dicho? Ah, sí: "Donde dije..."

¿Qué ha pasado, que ahora los investigados son los suyos y eso cambia las cosas? El PP huele a podrido, como olía el PSOE en sus últimos años de gobierno. Desarrollan un discurso propio de Batasunos, de insurrectos al sistema, la excusa que ponen en los juicios los Oteguis y compañía. Es el nacionalismo "llorica" que tanto defenestran desde el Partido Popular. Arzalluz hace no mucho hablaba de "intentos de criminzalización del PNV". Es más o menos lo que nos está diciendo el señor Rajoy. Se queda corto para lo afirmado por Cospedal y Gonzalez Pons, dudando de la honorabilidad de jueces, fiscales y policías. Pero como lo dice un buen español de corazón puro y castizo como Rajoy no pasa nada, ¿verdad?. Por estas y otras razones, es razonable pensar que el PP tiene en sus narices su GAL y su Filesa particular. Esto huele muy pero que muy mal.

Bienvenidos al circo popular...

viernes, 6 de febrero de 2009

Algo más que un Comité Regional del PSRM-PSOE

Anoche nos reunimos los compañeros de la Región de Murcia en El Comité Regional del Partido Socialista (PSRM-PSOE) .

En dicho acto se abordaron temas tan importantes como la situación de crisis económica que vive la Región, "gracias" a la dejadez, hastío y cansancio del gobierno VALCARCEL. Este mandamás regional, ha convertido nuestra Comunidad en una región con mas de 200.000 parados, ha convertido a Murcia en la CAPITAL DE LA ESPECULACION URBANISTICA, en la catedral del PELOTAZO INMOBILIARIO... y ha dejado patente SU INEFICACIA como GOBIERNO RESPONSABLE.

Gracias a su PARTICULAR INTERÉS, hemos sido la Región que más ha "APOSTADO" por una burbuja inmobiliaria que lo único que ha hecho ha sido enriquecer a amigos, socios, y colegas, dejando a un LADO LOS INTERESES GENERALES DE LA REGIÓN... Un gobierno, VALCARCEL, falto de proyectos, ideas y, sobre todo, de MEDIDAS ANTE LA CRISIS QUE HA CONTRIBUIDO A PROVOCAR.

El PSRM-PSOE, en su afán de responsabilidad y fiel a su línea política, ha realizado en los últimos meses un gran trabajo para paliar los efectos "valcarcisquistas"; trabajo que ha desembocado en un plan de medidas para la reactivación económica y que presentamos en la Asamblea Regional, y que supone una apuesta por el cambio de modelo económico del PP, que ha sido, a todas luces, un rotundo fracaso.

El PSRM-PSOE apuesta por la defensa y la consolidación del trasvase Tajo-Segura, así como por garantizar el aporte de recursos hídricos suficientes para asegurar el futuro de la Región, de vital importancia para garantizar el presente y el futuro de la Comunidad de Murcia.

Durante la celebración del Comité Regional se ofreció un sencillo homenaje a José Ramón Jara, así como a otros militantes socialistas recientemente fallecidos, como el histórico dirigente cartagenero Pepe Mata, el secretario general de UGT, Antonio López Baños, y el responsable de mantenimiento de la sede regional y trabajador incansable, Santiago Sánchez.

Del Comité Regional celebrado anoche, también cabe destacar que la Secretaría de Educación y Universidades que ostentaba Benzal ha sido asumido por Sebastián García Tomás, profesor de Instituto y ex director de la Demarcación de Carreteras de Murcia, entre otras responsabilidades.

Así mismo, el compañero Pedro López, coordinador general del Sindicato de Empleados Públicos (SIME) será el responsable de la nueva Secretaría de Acción Electoral, y el periodista Pedro José Navarro se hará cargo de la Secretaría de Comunicación

Anoche se vivió un clima en el Comité Regional en el que se puso más que de manifiesto, que LOS SOCIALISTAS DE MURCIA pensamos que "el trabajo, la constancia, y la calidad en las actuaciones" SON LA ÚNICA SALIDA PARA ABANDONAR LA CRISIS QUE VALCARCEL HA CREADO, y que nos afecta a tod@s.

Los socialistas murcian@s, como dijo la compañera de Cartagena (Cari) tenemos nuestra "particular forma de afrontar las cuestiones políticas, y es "ARRIMANDO EL HOMBRO", y no la que propone el PP que se basa en "echar balones fuera".

Saludos compañer@s