La responsabilidad de las comunidades autónomas en la crisis.

Valcárcel y Camps se han vuelto a reunir para representar una escena a la que ya nos tienen acostumbrados: la culpa de todo es de Zapatero. Como lo dicen a dúo, parece que creen que tienen más credibilidad (por aquéllo de que "uno puedo equivocarse, dos ya es casualidad"). Muy especialmente llama la atención la ferocidad con la que ambos achacan la crisis económica a la incapacidad del gobierno para reaccionar, a sus medidas, a sus políticas... Parece como si la "cosa" no fuese con ellos, como si fueran meros espectadores de la situación sin más margen de maniobra que mirar y culpar a los demás. Pero, ¿qué peso tienen las comunidades autónomas en el desarrollo de nuestra economía? ¿Cuáles son sus competencias y su peso en las decisiones económicas?

LA VERDADERA HISTORIA

Uno de los rasgos dominantes de la evolución del sector público español en los últimos treinta años ha sido la 'descentralización' del gasto público. Durante este período, las Comunidades Autónomas han ido asumiendo progresivamente las competencias reconocidas hasta haber alcanzado, prácticamente, el techo competencial previsto en los primeros Estatutos de Autonomía.

La evolución del gasto de las Comunidades Autónomas y su participación en el gasto total del sector público administrativo «presenta puntos de inflexión que están conectados con la marcha del proceso de cesión de competencias y servicios» desde la Administración central.

El gráfico siguiente muestra la evolución de la descentralización del gasto público entre 1988 y 2005 pudiendo destacarse tres subperíodos (pinchando sobre los gráficos se ven a mayor tamaño):

— Hasta mediados de la década de 1980 se produce el grueso de traspasos (con la excepción importante de los servicios de educación y sanidad para las Comunidades Autónomas de vía lenta). En este período las Comunidades Autónomas alcanzan, en términos agregados, un 20% del gasto público, frente al 45% de la Administración central (por su parte, las Entidades Locales tenían una participación del 10% y la Seguridad Social del 25%).
— En los años siguientes la repercusión presupuestaria de los traspasos es menor. Las Comunidades Autónomas estabilizan su participación en el gasto en torno al 25% a lo largo prácticamente de toda la década de 1990.
— A partir de 1999 se produce, en términos presupuestarios, una segunda gran oleada descentralizadora con el traspaso de la educación y sanidad a las Comunidades Autónomas que todavía no tenían asumidas estas competencias.

Esta evolución lleva a la situación actual: las Comunidades Autónomas gestionan más de la tercera parte del gasto público. Si a ello se suman las Entidades Locales (13%, lo que significa que en los últimos 30 años apenas ha aumentado su participación), resulta que casi la mitad del gasto público es gestionado por las Administraciones territoriales. La Administración central apenas supera el 20%, correspondiendo el 30% restante a la Seguridad Social.

La distribución funcional del gasto público por Administraciones (pinchar en la gráfica para ampliar) pone claramente de relieve el reparto competencial de nuestro sector público. La Administración central tiene encomendados básicamente la prestación de servicios públicos tradicionales (Defensa, servicio Exterior, Seguridad Ciudadana y administración de justicia de ámbito nacional) y, además, una parte importante de su gasto corresponde a aportaciones a otras administraciones.



Una de las consecuencias del reparto funcional del gasto público es la distinta composición económica del gasto entre Administraciones.

Como se ha anticipado, la Administración central tiene un importante papel financiador de otras Administraciones públicas. Más del 40% de su gasto son transferencias a otras Administraciones.
A ello hay que unir un 6% de gasto adicional en concepto de contribución al presupuesto de la Unión Europea. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el Estado aporta la totalidad de la contribución a la UE, mientras que recibe menos del 20% de los retornos, correspondiendo aproximadamente el 60% a las Comunidades Autónomas. (Ver el diagrama sectorial de la izquierda, el de los "quesitos").

A modo de resumen, también resulta interesante destacar dónde se produce la gestión de cada categoría económica del gasto:

— El 55% de los gastos de funcionamiento (personal y consumos intermedios) de todas las Administraciones públicas corresponde a las Comunidades Autónomas (otro 22% a la Administración central y un 22% a las Entidades Locales).

— Las Comunidades Autónomas son también las principales ejecutoras de la inversión pública (43% del total, frente al 30% de la Administración central y un 27% de los Ayuntamientos).

— En cambio, como ya se ha señalado, el 80% de los intereses de la deuda corresponden al Estado, mientras que las prestaciones sociales son gestionadas mayoritariamente por la Seguridad Social.


Uno de los rasgos fundamentales de nuestro sector público es el alto grado de descentralización administrativa alcanzado. Actualmente, la mitad del gasto público es gestionado por las Administraciones territoriales. Tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos tienen una amplia presencia en la oferta de bienes y servicios más próximos al ciudadano, como sanidad y educación en el caso de las Comunidades Autónomas, y seguridad ciudadana, vivienda y servicios comunitarios, actividades culturales y recreativas, servicios sociales, transporte, etc. en las Entidades locales. Desde el punto de vista de la clasificación económica más del 75% de los gastos de funcionamiento y el 70% de la inversión de todas las Administraciones públicas corresponden a las Administraciones territoriales.

La Administración central, además tener encomendados la prestación de servicios públicos tradicionales (defensa, servicio exterior, y seguridad ciudadana y administración de justicia de ámbito nacional), asume un importante papel financiador de otras Administraciones públicas. Además, debe destacarse el mayor peso relativo que tiene la carga financiera de la deuda pública en la Administración central frente a las demás Administraciones, especialmente las Comunidades Autónomas. Ello es debido a que en los procesos de traspasos de competencias a las Comunidades Autónomas sólo se han transferido los activos, pero no la deuda utilizada para financiar los servicios y funciones transferidos.

A toda esta información hay que unir un dato crucial que el ciudadano no puede dejar de conocer:

Las competencias activas y de intermediación en empleo están en manos de las Comunidades Autónomas. Fueron transferidas por el gobierno de José María Aznar. Las pasivas, en manos del Estado.

El INEM no ejerce labores de intermediación, sus competencias se limitan a las políticas pasivas (registro y prestaciones). Las políticas activas son competencia de las CCAA (Sef, Servef, SOC, SAE...). Para cobrar el paro hay que acudir al INEM; y para buscar trabajo, a la respectiva agencia autonómica.

¿QUÉ TIENEN QUE DECIR A TODO ESTO VALCÁRCEL Y CAMPS?

Ramón Luis Valcárcel y su compañero Francisco Camps fueron los primeros en arrogarse la magneficiencia del crecimiento económico que sus respectivas comunidades disfrutaron en plena efervescencia de la burbuja inmobiliaria. Sacaron pecho como el que más, arrogándose la principal responsabilidad y mérito de que Valencia y Murcia lideraran las tasas de crecimiento por PIB de toda España. "Son las políticas del PP", decían. El resto de presidentes, aunque con un menor fervor, también se apuntaron al carro. La diferencia es que a día de hoy no se "lavan las manos" ni afirman sin pudor que la culpa de la crisis es del gobierno de Zapatero: tienen vergüenza torera, la que le falta a la pareja de presidentes levantinos.

Valcárcel y Camps son dos tramposos. Son además unos "estafadores" sociales, por cuanto utilizan con total descaro la mentira y la desinformación para engañar y confundir a los ciudadanos. Cuando las cosas van rematadamente bien es gracias a ellos; cuando van mal la culpa es de Zapatero. ¿No es un fraude la actuación de estos señores? ¿Entonces para qué gastamos sueldos en consejeros de economía, en institutos de Fomento, para qué asumimos la mayor parte de competencias? Si la cosa no va con ellos, sobran todos, ellos los primeros.

Después de leer los datos y los gráficos que demuestran que el peso económico de las comunidades autónomas es mucho mayor y mucho más crucial en gasto público, inversiones públicas, recepción de fondos comunitarios y competencias tan importantes como sanidad, educación, urbanismo, seguridad, etc...mientras el Estado soporta las cargas (como la deuda pública y la seguridad social) la pregunta que debemos hacernos es: ¿si Valcárcel y Camps siguen achacando la culpa de la crisis al gobierno central (que tiene un peso menor que las Comunidades), a qué esperan ellos para dimitir ahora que lideran la destrucción del empleo en el último año?

Las competencias urbanísticas y de ordenación del territorio están en sus manos. Ellos han diseñado la espiral de especulación y corrupción que asola nuestras comunidades. Tienen competencias básicas en empleo, en economía, presupuestos comunitarios que doblan las partidas que destina el Estado a las Comunidades Autónomas, y han sido los receptores de la mayor cuantía de fondos comunitarios que se recuerda. ¿Cómo han gestionado todo ese dinero? ¿No tienen ninguna responsabilidad? ¿La tiene quien maneja el 20% del gasto público (gobierno central) y no la tiene quien dispone de más del 50% (gobierno autonómico)?

La información es poder. Las comunidades autónomas son las hijas mimadas del Estado y de los ciudadanos. Todos miramos a Madrid cuando las cosas se ponen feas, somos ignorantes de que cada comunidad se ha convertido en un pequeño Estado. La presión, en cualquier caso, debe hacerse en ambas direcciones, sin olvidar a nuestros ayuntamientos, aquellos que gestionen los recursos y servicios más cercanos para el ciudadano. ¿Cómo ha gestionado el dinero mi alcalde durante estos años? ¿Ha ahorrado, ha aplicado una política de responsabilidad en el gasto? ¿Ha aplicado políticas de "suelo" que favoreciesen la iniciativa pública? ¿Ha dilapidado todo el suelo o ha optado por no especular con la vivienda?

Señores Camps y Valcárcel, miremos al presidente del gobierno, de acuerdo. Pero antes, mírense ustedes sus políticas, sus gobiernos, sus decisiones, porque tienen un peso "real" mayor, y una capacidad de maniobra superior.

Desgraciadamente la crisis no se soluciona con leyes. No es admisible que el hermano rico diga que la culpa de la crisis es del hermano pobre. Si la culpa es de Zapatero, más culpa tienen ustedes. En cualquier caso, la responsabilidad será de todos, empezando por ustedes, campeones del ladrillo y máximos representantes de las políticas neoliberales en España. No actúen como si la situación no fuese con ustedes.

¿Pueden dejar de mentir, de escurrir el bulto? ¿O tendremos que empezar a mirar a nuestros gobernantes regionales con lupa y a atribuirles su verdadero peso en la solución de esta crisis? Eso no les daría muchos votos, señor Camps, señor Valcárcel, que parece que es lo único que les preocupa.

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Fuentes:

- El Gasto Público en España en un contexto descentralizado (Carmen Luisa Gil-Ruiz-Esparza y Jaime Ruiz Quintana);
- La Sombra De Aznar.
- Cuadernos Keynesianos