¿Qué hay de cierto en la "deuda histórica", eso que ahora tanto le preocupa a Valcárcel?

Recientemente el Partido Popular de la Región de Murcia se agarra a la solicitud de una supuesta deuda histórica, que reclama al gobierno Zapatero, para justificar los recortes efectuados en la educación y sanidad murcianas. Dicha reclamación merece una explicación profunda y sensata, y algunas aclaraciones. Me disponía a hacerlo pero he encontrado en el blog de Antonio J. García Conesa, candidato del PSOE a la alcaldía de Fuente Álamo, una explicación magnífica del asunto. Aprovecho para recomendar su blog y para señalar a Antonio J. como unos de los mejores valores (sino el mejor) del socialismo murciano. Está haciendo un gran trabajo de oposición y esperemos que recoja pronto los frutos. He ahí su respuesta a una pregunta dentro de su sección "tus preguntas, mis respuestas" desde su blog "Ahora o nunca".

¿Por qué está diciendo Valcárcel que Zapatero le debe a la Región 4 mil y pico [millones] de euros, y que los socialistas no dicen nada? (Anónimo de 29 años)

Te refieres a la llamada «deuda histórica» que muchas Comunidades Autónomas le reclaman al Estado por supuestas diferencias en el dinero transferido en función de los habitantes o por insuficiencia de las inversiones directas del Estado. En el caso de la Región de Murcia, el PP cifra esta deuda en unos 4.200 millones, resultantes de sumar 2.500 por inversiones y 1.700 por financiación.

Reclamar 2.500 millones por retrasos e insuficiencias en las inversiones estatales es algo bastante relativo y cuestionable. Especialmente desde que empezó la crisis, todas las Comunidades Autónomas han sufrido retrasos y cancelaciones, y seguro que todas tienen un catálogo de «agravios» que exhibir ante el Gobierno central.

Pero el discurso del PP murciano, consistente en decir que Zapatero castiga a nuestra Región, no se sostiene a la vista de las cifras.

Respecto a los 1.700 millones, la supuesta deuda histórica tendría su origen en el sistema de financiación acordado en 2001, con Aznar en La Moncloa y Valcárcel en San Esteban. Si aquel sistema de financiación fue malo para la Región, alguna responsabilidad política debería asumir el Partido Popular.

Además, las dos grandes transferencias (Educación y Sanidad) se produjeron en 1999 y 2001 respectivamente, también con Aznar y Valcárcel, con pésimos acuerdos para la Región de Murcia. Entonces el Gobierno murciano era bastante menos beligerante y reivindicativo con el Gobierno central. Como ejemplo, veamos lo que dijo Julio Álvarez, ex Director General de Salud, en una entrevista en La Verdad, hablando de Francisco Marqués (el que fuera Consejero de Sanidad y presidente del PP en Fuente Álamo):

― […] Este señor [ Marqués] es la persona más incompetente que ha tenido la Consejería de Sanidad. Y no lo digo desde el despecho ¿eh? sino con datos.
―A saber:
―Cuando en 1996 el PP gana las elecciones generales me proponen para director del Insalud en Murcia (por cierto que estuve esperando 6 meses en La Arrixaca y al final no me nombraron) me interesé por lo que se me avecinaba y comprobé que, entones, el Insalud manejaba un presupuesto de 135.000 millones de pesetas. Bueno, pues en 2001 Marqués aceptó las transferencias de Sanidad por 110.000 millones. Está claro que, aparte de los problemas propios, es una rémora que está sufriendo la sanidad pública murciana. Hace tres años me presentaron en Madrid a un médico -ex alto cargo del Ministerio- quien me dijo: 'Qué bien nos salieron las transferencias con Murcia. Vino el consejero, aceptó la valoración y no pidió nada'.

(La Verdad, 22 de mayo de 2010. Ver artículo completo)

El nuevo sistema de financiación autonómica, acordado en julio de 2009, sí tiene en cuenta la evolución anual de la población de cada Comunidad Autónoma, además de otros factores como el territorio, la insularidad y la composición por edad de la población. Incluye además una serie de Fondos para compensar desigualdades y garantizar unos niveles similares en servicios esenciales como sanidad, educación y servicios sociales.

El sistema de financiación autonómica de 2001 fue malo para la Región de Murcia, al no permitir un ajuste dinámico de la población. Y es precisamente la Región de Murcia la Comunidad que mejora más en términos relativos con el nuevo sistema de 2009. Somos la que más sube de todas, 5 puntos, seguidos de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Hoy casi todas las Comunidades Autónomas reclaman «deudas históricas» por unos u otros conceptos. Es raro el Presidente autonómico que no le pasa una «cuenta de agravios» al Gobierno central. Algunas Comunidades han visto reconocida la suya mediante disposiciones de sus respectivos Estatutos de Autonomía. En la Región de Murcia, en el Estatuto vigente no hay nada previsto, y el proceso de reforma lo tenemos parado desde hace años (en octubre de 2007 se creó una Comisión en la Asamblea, hubo algunas comparecencias y después nada más se supo).

El PP tiene 28 diputados regionales en la Asamblea que no hacen apenas leyes (5 en todo el año 2010: dos de carácter meramente técnico, una de Presupuestos, otra de “acompañamiento”, y la del “tijeretazo”), ni tienen que controlar al Ejecutivo (porque es de su mismo partido). Bien podrían ponerse a trabajar con el resto de Grupos parlamentarios en la reforma del Estatuto, aunque ésta sólo sirva para incluir el reconocimiento de una deuda histórica que en su día no supieron evitar.

El presidente murciano, ante la Justicia por culpar a la izquierda de la agresión a su consejero de Cultura

Los denunciantes reclaman que se retracte y pida perdón por sus acusaciones "injuriosas"

Diferentes colectivos de la izquierda en Murcia han presentado una demanda de conciliación contra el presidente de esa Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y contra el PP regional por haber considerado a la izquierda como “inductora” de la agresión contra el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz.

Los colectivos denunciantes aseguran que las acusaciones de Valcárcel y del PP murciano son "injuriosas" y "lesivas para su dignidad, fama y propia estima" y suponen una "intromisión ilegítima" en su derecho al honor, por lo que exigen que reconozcan su autoría, que "se excusen" y que se les obligue a la publicación o divulgación de la "retractación de lo dicho con la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida".

Acusaciones sin pruebas
"El PP acusó a la izquierda de haber sido el caldo de cultivo de la agresión. Fueron acusaciones en genérico, sin pruebas, a un colectivo muy amplio", ha afirmado Francisco Morote, portavoz del Foro Social de Murcia y miembro de la parte litigante, en declaraciones recogidas por Público.

6.000 euros por daños y perjuicios
Los demandantes piden la cantidad de 6.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados, incluidos daños morales. Francisco Morote ha aclarado que "de conseguir esta cantidad de dinero, se entregará a familias que lo necesiten tras haber sido afectadas por deshaucios".

Las afirmaciones de Valcárcel
El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia atribuyó a la que calificó de “izquierda”, “vil, canalla y cobarde” la responsabilidad política de la agresión contra el consejero de Cultura, en enero pasado. "Se han confeccionado dianas desde todos los frentes de la izquierda, en foros, mediante los revolucionarios sociales o el PSRM, cebándose con el consejero de Cultura y Turismo. Se ha puesto en la diana a Pedro Alberto Cruz porque era la manera de vincular, con la mentira, a una persona con el presidente del PP, que es el elemento a batir, algo que entiendo", afirmó, entonces, Valcárcel.

La Historia de un hombre al que se le fue la mano...

Desde PSOE-Loquí os deseamos unas_ FELICES FIESTAS

TODA LA FUERZA DE LA LEY FRENTE AL CHANTAJE DE LOS CONTROLADORES

El Gobierno de España ha reaccionado con firmeza ante el pulso irresponsable de los controladores aéreos y el Grupo Socialista en el Congreso le respalda plenamente. El ejecutivo ha dicho basta ya a los privilegios intolerables, basta ya al chantaje permanente con los ciudadanos como rehenes, y basta ya ante la actitud criminal de quienes ponen en jaque a todo un país y su economía para forzar el “trágala” de sus reivindicaciones inasumibles.

Los cuidadanos deben conocer la "tabla reivindicativa" (sic) de esta 'casta' de privilegiados. Los españoles deben conocer qué es exactamente lo que estos delincuentes (cada vez menos presuntos) pretenden obtener del chantaje al Estado. Su propósito consiste en dejar en suspenso la última reforma de la Ley de Navegación Aérea por la que se racionalizaba la prestación del servicio de control aéreo, se homologaban sus condiciones laborales con las del resto de nuestros socios europeos, y se suprimían algunos privilegios que los controladores españoles venían disfrutando contra toda lógica y gracias a su extraordinaria capacidad de presión.

Los privilegios que los controladores pretenden recuperar son los siguientes:

• Contabilizar como horas extraordinarias hasta un tercio de su jornada de trabajo habitual, a fin de alcanzar unos salarios de entre 300.000 y 1.000.000 de euros anuales, por jornadas de trabajo efectivo que rara vez superan las 10 horas semanales. Eso sí, con cargo al tesoro público y a los impuestos de los ciudadanos.
• Jubilarse a partir de los 52 años percibiendo el salario íntegro, horas extraordinarias incluidas.
• Organizar su propio régimen de trabajo y su propio régimen salarial, de tal manera que sean ellos mismos, a través de su “sindicato”, quienes determinen cuándo, cómo y cuánto se trabaja, y cuánto se cobra, independientemente de las necesidades del servicio. Buscan, por ejemplo, acumular jornadas de trabajo y guardias para asegurarse vacaciones de dos semanas por cada tres días de trabajo efectivo.
• Garantizar el control por parte de su “sindicato” del acceso a la profesión y la formación de los nuevos profesionales, a fin de solo sean sus familiares y amigos quienes se incorporen a la “casta” de privilegiados.
• Convertir la legislación vigente en papel mojado ante sus reivindicaciones, de tal manera que cualquier disposición legal aprobada legítimamente por los representantes de los ciudadanos deba derogarse frente a sus chantajes.

La gran mayoría de los ciudadanos españoles entienden que estos planteamientos son absolutamente intolerables e inasumibles. Primero por injustos, porque en un contexto de crisis económica no pueden aceptarse reclamaciones tan desmesuradas como las mencionadas con anterioridad. En segundo lugar, porque admitir tales demandas imposibilitaría la rebaja de las tasas de navegación aérea prevista por el Gobierno, para mejorar la competitividad de nuestro transporte aéreo y de nuestra industria turística. Por culpa de los sueldos astronómicos de los controladores, aún tenemos en España las tasas de navegación aérea más elevadas de Europa. Y tercero, el Gobierno tiene la obligación de salvar la dignidad del Estado y de la sociedad española frente al comportamiento criminal (cada vez menos presunto) de los controladores.

El Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer. Ante todo, salvaguardar la seguridad de los viajeros, y por eso se cerró el espacio aéreo en cuanto la falta de profesionales hizo imposible su control efectivo. Después, informar a los afectados y proporcionarles medios para el transporte alternativo o para la espera en condiciones razonables. Y a la vez, hacer uso de toda la fuerza de la ley para conminar a los chantajistas a deponer su actitud irresponsable y volver a la normalidad. La militarización de los servicios de control aéreo y la declaración del estado de alarma tienen este objetivo.

El Gobierno, por tanto, trabaja para recuperar cuanto antes la normalidad en el tránsito aéreo y para que el comportamiento irresponsable de esta casta de privilegiados no quede impune. Y los grupos parlamentarios que representamos a los ciudadanos españoles hemos de prestar apoyo al Gobierno en esta labor. También los de la oposición.

El PP, por desgracia, una vez más, ha optado por el “cuanto peor mejor”, eludiendo su responsabilidad hacia el interés general, y buscando la crítica fácil al Gobierno. Los ciudadanos saben que en esta batalla solo hay dos bandos: o se está con el Gobierno, con los españoles y con la ley, o se está con el chantaje de los controladores. Y me temo que el PP ha vuelto a elegir el bando equivocado.